El hogar. Es el lugar donde nos sentimos segurxs; donde criamos y protegemos a nuestras familias. Eso nunca ha estado tan claro como en este momento en que enfrentamos el brote del coronavirus, una de las crisis de salud más grandes en una generación. Pero la alarmante realidad de decenas de millones de estadounidenses en cuanto a vivienda decente, segura y asequible es de una necesidad urgente que no está cubierta. Los costos de vivienda han escalado fuera de control para las familias trabajadoras en contextos urbanos y suburbanos por igual, en particular en comunidades de color en las que compañías se han enfocado por mucho tiempo con sus esquemas de vivienda predatoria. Y COVID-19 ilustra justo cuán insegura es toda nuestra vivienda, mientras que las exigencias y acciones para detener los desahucios y las ejecuciones hipotecarias demuestran qué puede hacer el gobierno bajo suficiente presión.
Aunque la crisis de vivienda se ha estado formando por décadas, desde la Gran Recesión, el aburguesamiento (también conocido como gentrificación), las alzas de alquiler y la corporatización de las propiedades de alquiler – de hogares tanto multifamiliares como de familias únicas – han incrementado rápidamente el desplazamiento de la gente de color a comunidades lejanas o, en demasiados casos, a la calle.
En los 2000s, lxs caserxs corporativxs – compañías de gran escala dirigidas por inversionistas que son dueños de miles de hogares – no se metían en alquileres de familias únicas. Pero de 2007 a 2011, casi 6 millones de hogares fueron desahuciados con ejecuciones hipotecarias o se perdieron en ventas cortas. Las compañías privadas crearon nuevas formas de financiar su compra al por mayor y la práctica terminó siendo tan lucrativa que hoy hay entre 25 y 30 caserxs corporativxs activxs en espacios de familias únicas.
Esta especulación explotadora se ha extendido a la vivienda manufacturada o lo que la mayoría en Estados Unidos conoce como trailer parks. A mediados de la década de 2010, lxs inversionistas se dieron cuenta de que podían lucrarse rápidamente si compraban las compañías dueñas de las tierras debajo de las casas rodantes (trailers) y subían rápidamente el alquiler que cobraban por el “lote” – el espacio donde la gente estaciona su hogar. Algunas de las compañías privadas más adineradas que incluyen a Blackstone, con $150 mil millones en activos, ya han comprado más de decenas de miles de lotes de vivienda.
Estxs jugadorxs han estado presentes por mucho tiempo en lo que la industria conoce como la “vivienda multifamiliar” – básicamente, apartamentos y condominios. La lista de los 50 principales del Consejo Nacional de Vivienda Multifamiliar de 2019 colectivamente controlan los alquileres de millones de apartamentos ubicados en todos los estados del país. Estas compañías son propiedad de algunas de las personas más adineradas del mundo, como los multimillonarios Warren Buffet de Berkshire Hathaway y Barry Sternlicht de Starwood Capital.
Estxs caserxs corporativxs han estado al centro de la conversión de nuestros hogares en productores de ganancias para lxs megaricxs. Aunque la crisis de salud del coronavirus ilustra aún más cuán central es una vivienda asequible, no solo para nuestras familias, sino para la salud colectiva, quedamos a la merced de estas compañías. Tienen el poder de congelar los pagos de las hipotecas y los alquileres, o continuar con su historia del capitalismo del desastre y engrosar sus cuentas de banco mientras perdemos nuestros hogares.
Otra realidad es posible. Hay exigencias del bien común provenientes de sindicatos locales, organizaciones por los derechos de lxs inquilinxs y la justicia de vivienda en todo el país para suspender los desahucios, los pagos de hipotecas y alquileres, e interrupciones de los servicios básicos. Estos llamados construyen sobre el cuerpo creciente del trabajo por el bien común en términos de la vivienda.
En julio del año pasado, más de 200 líderes de grupos de justicia de vivienda y organización comunitaria, centros de trabajadorxs, sindicatos locales y nacionales se reunieron en Chicago, IL para la Reunión de Justicia de Vivienda de Negociar por el Bien Común (BCG, por sus siglas en inglés). Colectivamente, estas organizaciones representan a millones de trabajadorxs y miembrxs comunitarixs en todo el país. Se juntaron para compartir información acerca del alza y el rol de lxs caserxs corporativxs en sus ciudades y estados, aumentar su entendimiento colectivo de las tácticas que estxs caserxs usan para extraer riquezas de lxs miembrxs comunitarixs y alinearse alrededor de la necesidad de colaboraciones sindicales y comunitarias fuertes con el fin de enfrentar la crisis de vivienda. En la reunión, el personal y la membresía de Chicago Teachers’ Union (CTU) dirigió un taller acerca del trabajo que están haciendo en términos de vivienda, sus negociaciones de contrato y cuán importantes y centrales son la vivienda asequible y la falta de vivienda para su membresía, sus estudiantes y su comunidad.
Unos meses después, CTU y la Local 73 de SEIU se fueron a la huelga, con la vivienda como exigencia central. Describieron cómo más de 18.000 estudiantes no tenían hogar y enfatizaron los miles de millones en subsidios contributivos que compañías de construcción inmobiliaria habían recibido. Miles de maestrxs, estudiantes, madres, padres y miembrxs comunitarixs tomaron las calles para exigir hogares asequibles como factor clave en la ciudad de Chicago que merecen. No solamente tenían aliadxs en Chicago. Community Voices Heard (CVH), una organización multirracial dirigida por la membresía que organiza comunidades de clase obrera y bajos ingresos en el estado de Nueva York, estuvo en la reunión de julio – la Junta de CVH emitió una declaración inmediatamente en apoyo a la campaña en Chicago. Lxs miembrxs sindicales y comunitarixs, junto con sus organizaciones de todo el país, mostraron su apoyo de muchas maneras. Esta poderosa coalición logró un compromiso de contratar personal adicional en apoyo a estxs estudiantes y sus familias.
Anteriormente en 2019, United Teachers of Los Angeles (UTLA) también se fue a la huelga. Ellxs y sus aliadxs, quienes colectivamente formaron Reclaim Our Schools Los Angeles (ROSLA), exigieron que Los Angeles Unified School District (LAUSD) usara tierras vacantes del distrito para construir viviendas asequibles. No ganaron esa exigencia, pero desde entonces, el Distrito ha anunciado un plan para hacer justamente eso. Y, a mediados de marzo, aunque las personas sin hogar estaban sin ninguna protección ante los peligros del coronavirus, a muchos de los grupos sindicales y comunitarios de ROSLA se les unieron grupos de inquilinos y la Local 36 de Roofers Union, mientras apoyaban colectivamente a familias de color en la reclamación de 9 hogares vacantes de propiedad pública en la ciudad de El Sereno, California.
Estos dos esfuerzos se construyeron sobre el trabajo comenzado años antes por St. Paul Federation of Educators (SPFE), quienes negociaron su propia huelga por el bien común. En 2015, SPFE y colegas comunitarxs hicieron un llamado a U.S. Bank y Wells Fargo, ambos de quienes hacían negocios con las escuelas públicas de St. Paul en aquel entonces, a que limitaran las ejecuciones hipotecarias de familias que tenían hijxs en edad escolar durante el año escolar.
Estos ejemplos recalcan el potencial de los sindicatos, a través y fuera de su negociación de contratos, para traer el asunto de la vivienda asequible, centrando las implicaciones de la justicia racial de quiénes tienen acceso y quiénes no. También dejan claro lo que ya sabemos – la crisis de vivienda es un asunto comunitario Y TAMBIÉN sindical. La realidad es que, en la gran mayoría de nuestro país, los salarios que lxs miembrxs sindicales pueden ganarse con sus contratos están muy por debajo del aumento de los costos a los que se enfrentan cuando alquilan o compran un hogar. Todxs necesitamos empleos seguros para mantener a nuestras familias Y TAMBIÉN viviendas seguras y asequibles.
Al unirse contra lxs caserxs corporativxs y por la expansión de lo que consiguen con negociaciones, los sindicatos y grupos de justicia de vivienda con décadas de experiencia en la organización de inquilinxs y propietarixs de casas están teniendo un rol crucial en atender la crisis de vivienda que todxs enfrentamos. A medida que crece la presión por una moratoria sobre los desahucios, las ejecuciones hipotecarias y la congelación de pagos de hipotecas y alquileres, los sindicatos y las organizaciones comunitarias deben continuar trabajando juntxs para asegurar que los gobiernos, las compañías, los bancos y, en particular, lxs caserxs corporativxs hagan estos y otros compromisos cruciales con el fin de velar por la salud pública y el bien común.
Lxs miembrxs sindicales alrededor del país están presionando para poner el asunto de la vivienda asequible al centro del movimiento sindical, no solo para sus miembrxs, sino para transformar nuestras ciudades y convertirlas en las comunidades que merecemos. Aunque es posible que algunxs simplemente digan que es ingenuo que los sindicatos reten a sus empleadorxs y corporaciones más allá de salarios y beneficios, creemos que fue precisamente la valentía de este trabajo lo que garantizó su éxito. Hacer campañas que confronten a las élites adineradas que dominan cada parte de nuestras vidas nos permite a todxs, como trabajadorxs, miembrxs sindicales y comunitarixs, reconstruir nuestro poder y transformar el país. Organizar y negociar por la justicia de vivienda es pieza central de ese trabajo.
